La Constitución de 1991 impone una cierta cantidad de obligaciones al municipio que le permite una mayor intervención en los acontecimientos diarios, pero esto a la postre ha llevado a una saturación en el sentido de que ha forzado al gobierno de este territorio a tener que escoger preferencias en la escala de deberes por las cuales debe responder. Esa preferencia no es que sea novedosa sino que ha hecho que la tarea del gobernante sea más ardua, pues muchas cuestiones que han podido ser encargadas a otra entidad territorial han quedado radicadas en cabeza del municipio.

Una de éstas es el orden público. La Carta política encarga al alcalde, como máxima autoridad del municipio, a velar por su cumplimiento. El cumplimiento de las leyes –y que además es otra obligación del alcalde- esta en el primer escalafón a la hora de hablar de orden publico. Hasta ahí parece todo encargado al alcalde, pero en la muy vaga definición del gobernador que hace la Carta Magna se menciona también el orden público por lo que hace parte también de la lista de responsables para el problema que ha venido ocurriendo en nuestra ciudad: el mototaxismo.

Y vaya que si se ha convertido en cuestión de orden público, las recientes cifras lo demuestran: existen aproximadamente 38.000 motos circulantes en toda la ciudad, un alto porcentaje de estas sin licencia para ser utilizada en el transporte de pasajeros, y además el año pasado fue el origen de la mayor tasa de accidentalidad como, así también, el principal medio para cometer homicidios. Aunque las cifras sean bastante abrumadoras, creer en los datos de situaciones que existen actualmente indica para algunos el no querer dirigirse a la fuente directa para comprobarlo. Pues bien, si es de los que no cree en cifras puede circular en cualquier otro vehiculo para verificarlo por sus propios medios, así sea que no vaya a ver las 38.000 motos, de seguro presenciará la gran cantidad que hay en cada semáforo y notará probablemente las grandes artimañas que hacen los conductores para sobrepasar a los otros vehículos y se sorprenderá de lo increíble que son para conseguir pasajeros.

La situaciones que son motivo de comentarios están todas entorno a este nuevo sistema de transporte pero son de diferentes orígenes, unas por ilegales y otras más por lo peligrosas que son. Para hablar de algunas se nota el no tener permiso de transporte publico- y evadir el pago de las obligaciones fiscales que esto implica-, llevar más de los pasajeros permitidos y hasta llevar “cargas pesadas” como muebles de un lado a otro, esto para no mencionar la reciente epidemia de piojos que produjo por un tiempo los cascos a los usuarios. Por otro lado los que están a su favor lo ven como la solución a su movilidad, pues es un transporte barato, ágil y que se encuentra en toda la ciudad casi a todo momento, y por parte del conductor es otro tipo de trabajo que como bien se sabe escasea en estos días.

Pero esos argumentos no pueden ser validos a la hora de violar normas que, en este caso, lo que buscan es mas la seguridad de sus usuarios que otra cosa. Las propagandas frente a la Torre del Reloj son medidas buenas pero no soluciones de fondo al problema, cuestión que solicitan los habitantes de ésta ciudad desde mucho tiempo atrás.

Con las cifras mencionadas, el paro que acusan con cada medida que se adopta, lleva a estremecer al gobierno y a los habitantes, pero es una forma mediante la cual se pueden negociar los derechos y deberes para este tipo de transporte y para sus usuarios. De todas formas como buen negociante la parte encargada de hacer cumplir las leyes debe tener un mínimo hasta donde no puede bajar: la seguridad de los usuarios y la reglamentación de este medio de transporte. El paro indica negociación, pero si los representantes del transporte no lo quieren, la fuerza publica y los policías de transito -encargados de hacer cumplir las normas- también puede ejercer presión.

Las cartas están en la mesa. Necesita la administración de una solución a este problema en el cual no puede ceder en lo básico pero tampoco dejarse someter frente a las exigencias de este grupo de trabajadores. Después de todo, a la hora de negociar, los gobernantes representan al pueblo y lo que pide el pueblo es autoridad.

Columna publicada por Juan Carlos Covilla M. a las 10:59 PM