La recreación en un municipio –más allá de los servicios públicos esenciales- se ha convertido en un elemento necesario para mantener a la población satisfecha con la forma de gobierno que se adopte. Aunque generalmente el entretenimiento ha venido por parte de los grupos privados que buscan sacar provecho de éste, poco a poco se ha visto como se han dado iniciativas para que el Estado sea quien mantenga a las personas complacidas en ese sentido. En todo caso, como se sabe, la injerencia del Estado se encuentra en todo tipo de actuaciones de los particulares puesto que para poder realizar eventos o espectáculos es necesario licencias y autorizaciones de entidades estatales que velen por el interés general.

De este modo se ve como, por ejemplo, Bogotá en sus últimas administraciones ha llevado a cabo un movimiento en el cual el renacimiento y la creación de nuevos parques ha sido parte fundamental. Es muy agradable pasear por aquellos parques construidos en esa ciudad que tienen dimensiones muy grandes y donde se encuentran adultos con sus niños disfrutando de esa zona de esparcimiento. Desde todo punto de vista ese tipo de proyectos son agradables para la población, menos obviamente cuando la administración los hace sin un interés a largo plazo y en todo caso un verdadero interés general.

Parece ser que de esa manera fue como se trató el ya desalmado “Parque del Espíritu del Manglar”. Ciertamente, se ha tenido consideración de algunos parques en otras zonas de la ciudad, éste que particularmente ofrecía una expectativa grande por sus dimensiones y sus intensiones quedó completamente desarmado por la negligencia de la administración al contratar. Observar actualmente este parque refleja una razón para decir que la administración pública no tiene en cuenta ni siquiera aquellas cosas que satisfacen a sus ciudadanos de una manera visible.

No tener en consideración una planificación real de todos los servicios que podía ofrecer éste parque llevó a que contratara sin objetos claros, de los cuales fueron victimas la reciente ONG despojada de su concesión.

Y es que este parque quedó sin vida justo frente a la Estación de Policía de Chambacú, quienes al parecer se hicieron a una vista -gorda- de la situación y dejaron pasar el tiempo como todas las autoridades de la ciudad. Ahora cuando se hizo incontrolable la manutención de este lugar se le exige por cualquier mecanismo la restitución del inmueble hacia el municipio.

La supuesta ventaja que le sacaba la fundación que la administraba ha llevado a que la administración haya dado por terminado el contrato que tenía. Cobrar por parqueos para aportar al mantenimiento del parque no es sacarle ventaja, es simplemente eso, mantenerlo. ¿Cómo dar por terminado el contrato si este mismo le permitía cobrar para su conservación? Estas preguntas llevan a no encontrarle lógica a las determinaciones de los servidores públicos encargados del tema.

Aquellos que no comprenden el problema consideran que la mejor solución es darlo en concesión pues la mano privada puede mantenerlo mejor que la pública o una privada sin ánimo de lucro. Pero no es así, no es que la publica tenga menos condiciones es que ella misma se crea los obstáculos. Malos funcionarios públicos hacen malos contratos y además tomas malas determinaciones.Si pudieron los de Ultramar crear un espectáculo grande –tan grande que mantuvo medio Cabrero y San Diego despiertos- porque no es posible crear contratos con fundaciones que permitan mantener el parque e inventar espectáculos interesantes para la población. Los dineros privados llevaron a que ese evento tuviese bastante repercusión, inventar cualquier tipo de actividad con planificación e intención de desarrollo menos costosa es claramente posible.

Columna publicada por Juan Carlos Covilla M. a las 5:32 PM